Desclasificar y desmantelar: ¿en manos de quién quedarán nuestros archivos?

Este lunes 24 de marzo, a 49 años del golpe de Estado de 1976, una vez más las calles hablaron. La marcha multitudinaria, y unificada por primera vez en 19 años, mostró una vez más que la memoria sigue viva, que la verdad sigue siendo un reclamo y que la justicia sigue siendo una deuda. La movilización no solo recordó a las víctimas de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, sino que también expresó un enérgico repudio al negacionismo promovido por el Gobierno. 

En el último año, la administración de Milei ha implementado un vaciamiento sistemático de las políticas de derechos humanos. Se produjeron 600 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, sumando un total de 1.000 cesantías desde 2023. Estos recortes apuntan a desarmar, desarticular y vaciar. Como consecuencia, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti permanece cerrado y ex Centros Clandestinos de Detención y otros sitios de memoria enfrentan el riesgo de clausura debido a la falta de personal y financiamiento.

clic acá para sumarte

En este marco, el mismo lunes, el Gobierno anunció la desclasificación de los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. La medida, basada en el Decreto 4/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner pero nunca implementado en su totalidad, ordena el traspaso de la documentación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación. Una medida que, en apariencia, responde a un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Pero lo que podría ser una grata sorpresa se da de la mano de, como dijimos, un vaciamiento que no fue al azar: se afectaron áreas estratégicas como conservación, mantenimiento y visitas. Sin personal capacitado, sin expertos en archivos y derechos humanos, la medida huele más a maniobra política que a compromiso con la memoria.

Los archivos que aún quedan por abrir

Desde el activismo LGBTIQ+ se reivindica la cifra de 30.400 detenidxs-desaparecidxs como un acto de visibilización y pedido de reconocimiento, porque dentro de esos 30.000 también están lxs 400 desaparecidxs de la comunidad LGBTIQ+, víctimas de la persecución y el exterminio sistemático durante la dictadura.

El número de 400 víctimas surge del testimonio del rabino Marshall Meyer, miembro de la CONADEP, quien lo compartió con Carlos Jáuregui, activista y fundador de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Fue Jáuregui quien, en 1987, dejó plasmado ese dato en su libro La homosexualidad en Argentina, denunciando que esas 400 vidas también formaban parte de la historia de la dictadura y de una lucha que el movimiento de derechos humanos nunca terminó de asumir en su totalidad.

Las seis compañeras que declararon en el juicio del Pozo de Banfield lo dejaron claro: las personas travestis y trans también fueron secuestradas y estuvieron en los centros clandestinos de detención. Muchas ya eran NN antes de ser desaparecidas, expulsadas de sus casas, perseguidas y encarceladas solo por existir. Muchas volvían a los lugares en los que ya habían sido detenidas y cuentan cómo lo que cambiaban eran los sonidos. Las personas trans sobrevivientes nunca fueron reparadas ni reconocidas en su totalidad, solo en Santa Fe se logró un reconocimiento parcial, pero a nivel nacional siguen invisibilizadas, sin acceso a justicia ni a una reparación histórica integral.

Si realmente se quiere conocer la verdad, si la apertura de archivos es un compromiso genuino y no una estrategia política vacía, estos 400 legajos deben salir a la luz. La desclasificación de archivos debería ser, en efecto, una herramienta para reconstruir la verdad, pero ¿cómo confiar en un proceso impulsado por un Gobierno que ha desmantelado las políticas de derechos humanos?, ¿quién revisará estos archivos?, ¿en cuánto tiempo?, ¿en manos de quién quedará nuestra historia?

MBC/SN/DTC