Euskadi intentará un recurso de amparo en el Constitucional para salvar la gestión de la homologación de títulos extranjeros

El Gobierno vasco ha anunciado una doble vía para intentar salvar la transferencia de la competencia de homologación de títulos universitarios extranjeros acordada con el Estado en 2024 pero anulada la pasada semana por el Tribunal Supremo, como adelantó este periódico. Por un lado, intentará un recurso no de competencias sino de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, en este caso a la tutela judicial efectiva, para lo que previamente hay que agotar la vía del Supremo con un incidente de nulidad. Y, por otro lado, se trabaja de acuerdo con el Gobierno central una “encomienda de gestión transitoria” para resolver los 200 expedientes que se quedaron en el limbo porque se inició su tramitación en la ventanilla autonómica.

Sin embargo, en un plano más general, los Gobiernos central y vasco han acordado “promover un nuevo camino ante la jurisdicción constitucional”, según se ha explicado desde la parte autonómica. Se quiere aprobar por vía de ley orgánica una disposición que “de forma clara e inequívoca” fije que los acuerdos de transferencias solamente sean revisables en el Constitucional. Esto recuerda a un acuerdo que, en su momento, 'blindó' que las normas fiscales de las Diputaciones tuvieran rango de ley para que las disposiciones del Concierto Económico no quedaran al albur de pleitos en tribunales de instancia.

Euskadi ha encajado con enorme malestar que el Supremo haya estimado recursos de colectivos profesionales de la Comunidad de Madrid y parado la potestad de homologar títulos universitarios de extracomunitarios. Se entendía que era una competencia básica para paliar la escasez de médicos, por ejemplo. En puridad, solamente estuvo en vigor durante un par de semanas, con unas 200 personas afectadas. Después, se suspendió cautelarmente por la interposición de los recursos y ahora ya ha quedado anulada definitivamente. El Supremo ha interpretado que es competencia exclusiva del Estado, aunque el Gobierno central también apoyaba ceder la gestión de la homologación a la comunidad autónoma mientras retenía el control de la fijación de los requisitos. El Ejecutivo central acumulaba retrasos de meses en estos trámites, según han denunciado colectivos de personas extracomunitarias en reiteradas ocasiones y no sólo en Euskadi.

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha ofrecido en Vitoria una rueda de prensa extraordinaria acompañada de otros dos altos cargos de su equipo y tras haber mantenido conversaciones con el Gobierno central sobre este asunto. Ubarretxena ha indicado que “esto ha sido un ataque al autogobierno” y que no cabe otra que activar medidas defensivas.

En primer lugar, ante lo que se considera insólito -que el Supremo y no el Constitucional haya entrado a analizar una cuestión competencial estatutaria- se buscará un resquicio para elevar a ese tribunal el expediente. Para ello, hay que agotar la vía ordinaria con un procedimiento de “nulidad” y después alegar una vulneración de derechos humanos para activar el recurso de amparo. En este caso, se incidirá en la supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva. Ubarretxena ha deslizado que los afectados también podrán presentar su propio recurso de amparo, aunque en principio es algo acotado para quienes ya habían activado procedimientos judiciales previos.

Con todo, se busca también una solución “transitoria” con forma de “encomienda de gestión” para que la Administración vasca despache los alrededor de 200 expedientes que han quedado en el limbo. Si tuvieran que ir al Estado a pedir su título, tendrían que ponerse los últimos en una larga cola, se insiste. Más a largo plazo, “se baraja la opción” de retocar la ley orgánica del sistema universitario (la conocida como LOSU) para dejar escrito que las comunidades autónomas pueden “ejecutar” las directrices estatales en esta materia. La sentencia, de hecho, incide en la falta de habilitación legal para la transferencia y se entiende que esto podría contribuir a la seguridad jurídica.

En todo caso, se quiere buscar un marco de blindaje de los acuerdos políticos de transferencias. Eso pasaría por restringir al Constitucional el control de los traspasos. Esta reforma habría de ser visada en las Cortes Generales. El Gobierno vasco dice tenerlo hablado con el central, pero no se ha precisado cómo se pondrá en marcha. Se ha planteado que la iniciativa sea del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, compartida o incluso del grupo del PNV. Sea como fuere, afectaría no solamente a esta materia y a Euskadi sino a cualquier acuerdo con cualquier comunidad autónoma.

De cara al futuro, Ubarretxena ha recordado que Euskadi sigue negociando otros traspasos con el Estado, con la Seguridad Social como el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979. Asimismo, la próxima semana entra en vigor la gestión autonómica de Costas. La consejera vasca ha apelado a la “discreción” para no dar detalles de las novedades en esta materia. “Trabajo discreto, trabajo de cocina”, ha despejado preguntada por los periodistas sobre los avances logrados entre los Gobiernos central y vasco, que mantienen reuniones casi semanales.